«En el informe del Secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el presidente ni él, se da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia», dijo a la prensa Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 jóvenes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, tras una reunión con representantes gubernamentales.
Rosales añadió que la investigación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se acerca más a «la verdad histórica», como se llamó a la pesquisa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que apuntaba a que los estudiantes fueron detenidos por policías coludidos con criminales al ser confundidos con miembros de un cártel rival.
«Refiere que los estudiantes iban infliltrados, que se trataba de una disputa de los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando de lado al ejército», dijo Rosales.
López Obrador -quien niega que su gobierno oculte pruebas que incriminarían a militares en el caso- recibió la semana pasada a los familiares de los estudiantes.
Un grupo de investigadores, conformado tras un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que el ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido.
Esa comisión concluyó el pasado 26 de julio las pesquisas iniciadas en 2015, alegando que el estamento militar se niega a entregar información sensible, por lo que resultaba «imposible» seguir adelante con su labor.
Según las versiones oficiales, el cártel Guerreros Unidos los habría asesinado para después desaparecer sus cuerpos.
Se espera que para el martes 26 de septiembre se realicen manifestaciones en Ciudad de México por el aniversario del caso.
