El gobernador García Cabeza de Vaca reprochó que el proceso en su contra coincida con el inicio de la temporada electoral.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, viajará a la Ciudad de México para recibir en persona la notificación sobre la solicitud desafuero de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal..
“Quiero informarles que me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen la acusación que ha formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa”, dijo el mandatario en un video.
Aseguró que desde hace un año empezaron las especulaciones contra él, por lo que cuestionó por qué no lo llamaran a comparecer en ese momento, sino hasta ahora cuando empiezan las elecciones; “qué casualidad”, expresó.
El gobernador emanado del PAN reiteró que tanto en su vida privada y pública siempre se ha conducido conforme a la ley.
“Durante muchos años, he sido objeto de infamias y persecuciones políticas. Esta no es la primera vez, y muy probablemente no será la última”, mencionó.
Ayer, la Cámara de Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del mandatario de Tamaulipas.
La declaración de procedencia es un acto legislativo para remover el fuero o inmunidad procesal de los servidores públicos y así ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo.
Una vez que se recibe esta solicitud, ésta se analiza en la Sección Instructora de la Cámara baja, la cual deberá elaborar su dictamen en un plazo de 70 días hábiles. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.
La Cámara de Diputados, como órgano acusador, emite la declaración de procedencia, pero no juzga, sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado por las autoridades judiciales.
Fuente: Forbes
