La reciente investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha sacado a la luz una preocupante realidad: la Confederación Obrera Revolucionaria Emprendedora de México (COREMEX), un sindicato que debería velar por los derechos de los trabajadores, está profundamente implicado en actividades delictivas. Según el informe, COREMEX no solo extorsiona a empresarios de la región, sino que también está vinculado a crímenes aún más graves, como homicidios y secuestros, lo que refleja una alarmante deriva hacia la delincuencia organizada.
Esta investigación forma parte de una revelación más amplia que apunta a la existencia de al menos diez sindicatos en el Estado de México que están involucrados en extorsión, un delito que ya ha sido identificado como una de las principales fuentes de ingreso de 25 organizaciones criminales activas en la región. Sin embargo, lo que distingue a COREMEX es la gravedad de las acusaciones que recaen sobre este grupo. Sus acciones no solo amenazan la seguridad empresarial, sino que también afectan de manera directa a la estabilidad social y económica del Estado de México.
El modus operandi de COREMEX es particularmente preocupante, ya que utiliza su estructura sindical como una fachada para sus actividades delictivas. A través de la intimidación, la extorsión y la violencia, este sindicato ha logrado establecer un control sobre ciertos sectores empresariales, quienes se ven obligados a ceder ante sus demandas bajo la amenaza de represalias violentas. La situación ha llegado a tal punto que algunos empresarios prefieren cerrar sus negocios antes que seguir siendo víctimas de las prácticas de COREMEX.
Pero el problema no termina ahí. La investigación de la FGJEM también ha revelado inquietantes vínculos entre COREMEX y actores políticos de la región, lo que plantea serias dudas sobre la intromisión del crimen organizado en la política local. ¿Cómo es posible que un sindicato implicado en homicidios y secuestros cuente con apoyo político? Esta realidad sugiere una peligrosa infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder locales, lo que agrava aún más la situación y pone en riesgo la seguridad de la población.
La pasividad con la que COREMEX ha operado durante años no solo evidencia la complicidad o la incapacidad de las autoridades para actuar, sino que también refleja la descomposición del sistema sindical en el Estado de México. Un sindicato que debería defender los intereses de los trabajadores se ha convertido en una herramienta de intimidación y violencia, socavando los principios mismos sobre los que debería estar basado.
Es imperativo que las autoridades estatales y federales actúen de manera contundente para desmantelar esta red de extorsión y violencia que COREMEX ha creado. La sociedad del Estado de México no puede permitirse seguir siendo rehén de un sindicato que, lejos de luchar por los derechos laborales, ha optado por abrazar el crimen organizado como su principal estrategia.
