El tiempo para el registro de consultas para legitimar contratos colectivos de trabajo ya terminó y el nuevo modelo de justicia ya se está implementando en todo el país. Sin embargo, la Agregaduría Laboral de Estados Unidos en nuestro país aún tiene varios pendientes.
“El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la reforma laboral están aquí para quedarse. No habrá marcha atrás”, advierte Luis Pablo Solorio, agregado Laboral Principal del gobierno estadounidense en nuestro país. “Nuestro rol es seguir apoyando la consolidación de este proceso histórico”.
El plazo para registrar las consultas para la legitimación de contratos colectivos de trabajo (CCT), uno de los procesos más importantes de la reforma laboral de 2019, concluyó hace unos días. Y el nuevo modelo de justicia ya se está implementando en todo el país.
Pero eso no significa que la democracia sindical se haya alcanzado y tampoco que el interés del gobierno estadounidense en el tema se haya disipado. Al contrario.
Terminadas esas etapas, son por lo menos cuatro asuntos en los que el gobierno estadounidense pondrá la mira a través de la Agregaduría Laboral en México:
- Que las empresas donde los contratos no fueron legitimados no desconozcan los derechos logrados.
- Las peticiones de constancias de representatividad.
- La consolidación de la reforma a nivel estatal.
- La reacción de actores que se han resistido a la reforma.
Luego de una primera depuración de más de 500,000 CCT y con apoyo económico de Estados Unidos, las autoridades laborales mexicanas dejaron el padrón en más de 139,000 contratos, éstos eran los únicos que realmente estaban vigentes.
De esa última cifra, apenas 17,011 CCT han sido legitimados por las trabajadoras y los trabajadores, según el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Es decir, el 12 por ciento.
El saldo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) también arroja que el 75.5% de los conflictos laborales es resuelto en los nuevos centros de conciliación locales y no llegan a tribunales.
“Ha sido el cambio de justicia laboral más importante en casi 100 años. Reemplaza a un sistema de justicia que, como se ha documentado extensamente por expertos mexicanos e internacionales y ha sido reconocido por ambos gobiernos, no tenía al centro el respeto de derechos laborales”, dice Solorio.
Esa realidad impactó la libertad sindical, agrega. A su vez, esto influyó en las condiciones laborales de millones de personas. “Muchos contratos colectivos fueron negociados a espaldas de las y los trabajadores, los famosos contratos de protección de los cuales la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde ha hablado mucho”.
Para las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador “la reforma laboral es una piedra angular en esa área”. Pero tomará tiempo, 100 años de un sistema no se terminan de la noche a la mañana. “Nosotros seguimos abiertos y en continuo diálogo con el gobierno de México. Ellos tienen la batuta”, agrega.
Desde que entró en vigor el T-MEC “hemos visto un progreso enorme en los derechos laborales. En el acuerdo 23-A, México se comprometió a hacer una transición de su sistema de justicia laboral, que empezó en 2017 con el cambio constitucional y faltaba implementarse”, recuerda Luis Pablo Solorio.
La llegada de dos gobiernos prolaborales en Estados Unidos y México, pero también la necesidad de una “competencia justa, donde todos se beneficien y no se utilice mano de obra barata como competencia desleal” consolidaron el camino para el capítulo laboral en el tratado, señala.
Con el antecedente de este tratado, el TLCAN, varias empresas estadounidenses y canadienses se trasladaron a México, pues, entre otras ventajas, acá podían pagar salarios menores a las personas trabajadoras.
Pero ahora “vivimos tiempos históricos en el mundo laboral”, dice Luis Pablo Solorio. Y el funcionario enuncia algunos de los compromisos incluidos en el T-MEC, como la libertad sindical y negociación colectiva; el combate al trabajo infantil, trabajo forzoso y la discriminación de género.
En la negociación, la parte mexicana rechazó la instauración de agregados laborales del gobierno de Estados Unidos en nuestro país. Pero la ley de implementación del tratado aprobada por el Congreso estadounidense incluyó estos puestos y los asignó a la Embajada en México.
Para Pablo Solorio esa discusión ya está superada y su función, comprendida. “El agregado laboral es una figura diplomática, personas expertas en temas de trabajo”. Su razón de estar en México es apoyar la implementación de los compromisos laborales del T-MEC, “así como fortalecer la cooperación bilateral”.
Uno de los intereses del gobierno de Estados Unidos en México es que “en todos los lugares donde terminen los contratos colectivos se respeten los provisiones que están sobre la ley. El gobierno de México le va a dar prioridad a asegurar que eso se cumpla”, dice el funcionario.
Los contratos que no fueron puestos a votación de las bases hasta el 1 de mayo, o registrados para hacer ese proceso en los siguientes tres meses, quedaron sin efecto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició una campaña en redes para informar cuáles derechos siguen vigentes.
“Estamos viendo muy de cerca cómo se va a manejar el fin de los contratos, cómo se van a seguir respetando los derechos y el proceso de las constancias de representatividad”. Se trata de un documento que acredita el respaldo de por lo menos el 30% de la plantilla laboral y es un requisito para el sindicato que quiera negociar un contrato colectivo.
“Esperamos ver un inicio de negociación colectiva auténtica. Un proceso en el que, ahora sí los sindicatos con apoyo de trabajadores puedan negociar con las y los empresarios.
“El gobierno de Estados Unidos tiene la firme convicción de que cuando tienes un sindicato democrático que te representa, resultan mejores salarios y condiciones de trabajo. Y lo estamos viendo en México también, ha habido casos históricos en semanas pasadas de alzas salariales conseguidas por sindicatos democráticos”.
También “nos interesa mucho ver la consolidación de la reforma laboral a nivel local, a nivel estatal. Hemos visto estados que le han puesto mucho dinero y muchas ganas y hay estados que sentimos que no han llegado a ese punto”, dice el funcionario.
Las entidades prioritarias no son un secreto, reconoce. Son aquéllas donde hay manufactura de autopartes o aeronáutica, minería, aluminio y ciertos servicios, sectores económicos incluidos en el capítulo 23 del T-MEC. Es decir, estados “del norte, el Bajío y el centro”, como Puebla.
“Y bueno, seguimos viendo también ciertas acciones de actores, ya sea sindicatos o compañías, que siguen un poco resistentes a la reforma laboral. Nos interesa ver cómo reaccionan esos actores a estas reformas”.
