Estados Unidos se ha negado a la petición de México de una investigación científica conjunta sobre el impacto del maíz transgénico en la salud, dijo un funcionario agrícola mexicano de alto nivel, en una señal de que ambos socios podrían estar acercándose a una disputa comercial formal.
México ha pedido en repetidas ocasiones a Estados Unidos que trabajen juntos en estudios científicos sobre el tema, en medio de una disputa por los planes del país latinoamericano de limitar el uso de maíz genéticamente modificado, del que compra anualmente unos 5,000 millones de dólares, la mayor parte grano amarillo para alimento de ganado.
Estados Unidos, sin embargo, rechazó esta petición y dejó claro que no participará en nuevos estudios científicos con México, señaló el subsecretario mexicano de Agricultura, Víctor Suárez, en una entrevista con Reuters la tarde del miércoles.
Los dos países discutieron la petición de México incluso durante una visita del secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack y en charlas en Washington, dijo Suárez.
«No quisieron poner un periodo en que las dos partes se pusieran de acuerdo para hacer estudios de impacto a la salud animal y a la salud humana», dijo Suárez durante la entrevista en su oficina en Ciudad de México.
«Ellos deciden qué necesitamos producir en México y qué necesitamos comer en México; eso es soberbia», consideró. «¿Su ciencia es palabra de Dios? Eso no es ciencia, eso es ideología», subrayó.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos remitió a Reuters a comentarios anteriores de Vilsack en los que afirmaba que su país «discrepa fundamentalmente» de la postura que México ha adoptado en el tema de la biotecnología.
México quiere prohibir definitivamente el maíz transgénico en la tortilla, alimento básico en la dieta de los mexicanos elaborado con maíz blanco y, eventualmente, sustituir el maíz amarillo genéticamente modificado de consumo animal, argumentando que el grano biotecnológico perjudica las variedades nativas y puede tener efectos adversos para la salud.
Estados Unidos ha argumentado, por su parte, que el plan de México no tiene base científica y perjudicará a los agricultores estadounidenses.
A inicios de junio, Washington solicitó consultas de solución de controversias en el marco del tratado comercial de América del Norte, T-MEC. Si ambas partes no resuelven el conflicto en un plazo de 75 días, Estados Unidos puede solicitar un panel para que decida el caso. Días más tarde, Canadá se sumó a las consultas.
Suárez consideró que Estados Unidos no tiene «materia» para sustentar un panel, pero que México estaría listo.
«Si ellos establecen el panel nosotros nos defenderemos y si nos defendemos es que pensamos que vamos a ganar», consideró Suárez añadiendo que la política de México no tiene impacto comercial en Estados Unidos.
La autoridad estimó que al cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la segunda mitad de 2024, podría sustituirse entre un 10% y 15% de las compras al exterior.
Suárez dijo que el Gobierno está comprando 1.5 millones de toneladas de la producción de maíz blanco en Sinaloa, el mayor estado productor de este tipo de grano en el país, y el gobierno estatal 0.5 millones de toneladas a 6,965 pesos por tonelada (409 dólares).
El precio, dijo Suárez, está basado en un cálculo de costos de producción más una ganancia, «como cualquier producto». El plan buscar revalorizar el grano blanco mexicano y desligarlo del precio «commodity» del maíz amarillo en la bolsa de Chicago, que ha servido de base para su cotización durante más de 20 años.
«El maíz blanco mexicano es un alimento de especialidad, no es maíz forrajero», dijo el funcionario. «México es el primer productor y es el primer consumidor de maíz blanco, su precio debe estar referido a costos de producción», añadió.
«De ahora en adelante no Chicago, nada de Chicago para el maíz blanco mexicano», subrayó.
Suárez añadió que el plan es extender al resto de los productores de maíz blanco en el país el programa piloto de Sinaloa, al mismo precio, aunque una nueva compra de maíz que haga el Gobierno para inventarios aún no está definida.
