La administración de Clara Brugada al frente de Iztapalapa ha estado marcada por una serie de malas prácticas e irregularidades que han sido evidenciadas por diversas autoridades fiscalizadoras. Tres auditorías de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México (SCGCDMX) y la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) han revelado incongruencias significativas en el manejo de los recursos públicos desde 2019, incluyendo deficiencias en los procesos de contratación.
Durante el primer año completo de Brugada como alcaldesa de Iztapalapa, en 2019, la Contraloría General de la capital detectó diversas deficiencias en los procesos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública realizados por su administración. Estas deficiencias fueron destacadas en la auditoría A-3/2021, obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la cual fiscaliza el 40 por ciento de los contratos celebrados en 2019, que suman un monto de 545 millones 188 mil 680 pesos.
La auditoría realizó tres observaciones clave sobre irregularidades en estos contratos. La primera observación señala que hubo serias deficiencias en la integración de los expedientes de los contratos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Estos hallazgos subrayan una falta de transparencia y organización en los procesos de contratación, lo que pone en duda la eficiencia y la legalidad de las adquisiciones realizadas bajo la gestión de Brugada.
En respuesta a estas deficiencias, la Contraloría solicitó a la alcaldía de Iztapalapa aclarar estas irregularidades y corregir los documentos de los procesos de compras públicas. Sin embargo, la respuesta de la administración ha sido insuficiente, y las prácticas cuestionables han continuado, según las auditorías subsecuentes.
Otra observación crítica de la auditoría fue la detección de adquisiciones derivadas de procesos de invitación restringida a tres proveedores que no estaban contempladas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS) de 2019. Esta situación sugiere una falta de planificación y control en la ejecución del presupuesto, así como posibles favoritismos y manejo discrecional de los recursos públicos. La Contraloría exigió a Iztapalapa explicar por qué se realizaron estas adquisiciones fuera del proyecto de gasto aprobado, una pregunta que hasta ahora no ha sido satisfactoriamente respondida.
Las irregularidades detectadas en la gestión de Clara Brugada ponen en evidencia problemas profundos en la administración de Iztapalapa, afectando la confianza de los ciudadanos en su gobierno local. Las constantes observaciones por parte de las entidades fiscalizadoras reflejan una preocupante tendencia de opacidad y mala gestión que requiere una intervención urgente y acciones correctivas contundentes.
