El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por la «inadecuada» investigación que hace México sobre el «alarmante» número de desapariciones en el país, estimadas en casi 112,000 por las autoridades locales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en julio un nuevo padrón de desaparecidos en el territorio nacional mediante la revisión de casos «casa por casa» y consideró que el censo actual es excesivo y está desactualizado, despertando molestia de familiares de las víctimas.
«El Comité llamó a México a garantizar la transparencia de la metodología utilizada para actualizar el Registro Nacional (de desaparecidos) a fin de garantizar la confiabilidad de los datos recopilados», dijo el organismo en un informe tras una misión en septiembre al país.
Además, pidió que el proceso sea coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda «de manera independiente e imparcial» y establecer mecanismos que aseguren la participación de los grupos de víctimas.
Según datos de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) al 3 de octubre, desde 1962 han desaparecido en la nación latinoamericana cerca de 257,000 personas, de las cuales el 37.72% siguen sin ser localizadas.
Tras anunciar López Obrador la realización de un nuevo censo, el colectivo Madres Buscadoras por la Paz, dedicadas a localizar a sus hijos desaparecidos, criticaron la iniciativa por considerarla revictimizante y denunciaron que el mandatario solo busca con la iniciativa rebajar la cifra de víctimas.
El CED denunció también que los datos se están actualizando sin seguir estándares internacionales y expresó «su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, sus consiguientes bajas condenas y una impunidad casi absoluta».
Muchas de las desapariciones en México están ligadas a la violencia de los cárteles de droga y otras organizaciones criminales, así como a casos de feminicidios, homicidios de mujeres por razones de género.