Ecatepec

Extorsión, corrupción, falta de transparencia, son los principales adjetivos que describen al activista José Humbertus Pérez Espinoza y a las organizaciones que dirige: el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDPVD) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH). Por más de diez años, el autoproclamado activista ha mantenido un cómodo estilo de vida gracias a la red de extorsión y corrupción que ha construido a través de dichas organizaciones; mismas que le permiten canalizar los recursos provenientes de las “cuotas” de sus agremiados hacia su bolsillo y la extensión de su operación.

Ya son varios los medios que han recuperado las acusaciones en su contra, siendo el más reciente Reforma, medio que dio a conocer los testimonios de familiares y víctimas de su red, presos en los penales del Estado de México quienes han confiado en la buena voluntad de Humbertus Pérez para ayudarlos a solucionar sus casos a través de solicitudes de amnistía. Sin embargo, sólo se topan con un callejón sin salida en el cual se ven obligados a pagar cuotas que oscilan entre mil 500 y 2 mil 500 pesos semanales; de lo contrario, son amenazados con agresiones físicas o con su traslado a otro penal.

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Se calcula que el flujo de capital a través de sus organizaciones durante la última década asciende a 120 millones de pesos. Recursos que ha manejado con total opacidad, ya que ninguna de sus organizaciones figura en el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación; lo cual le ha permitido un manejo discrecional de los recursos sin dar cuenta de ello a sus agremiados o a la autoridad. De hecho, en el caso del Frente Mexiquense, este se encuentra registrado como una Sociedad Anónima de Capital Variable, lo que le posibilita la triangulación de recursos.

Expandiendo redes de extorsión

Los recursos de sus organizaciones son empleados para ampliar su operación territorial. Cuando el FMDPVD se fundó en 2008, su operación se centró en los municipios de Tecámac, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Pronto logró llevar su organización a Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua.

La red del activista sufre una primer caída tras ser encarcelado en 2015, lo que significó una desbandada de miembros y caída de cuotas. Sin embargo, entre las rejas este activista ideó un plan para construir una nueva red a partir de la defensa de delincuentes de alto impacto. Así surgió Presunción de Inocencia y Derechos Humanos; dedicada a utilizar la Ley de Amnistía en el Estado de México y sus contactos políticos para extorsionar a presos y amenazar a las autoridades. Según Reforma, los presos que no cumplieron con las cuotas impuestas firmaron a la fuerza cartas en contra de las autoridades de los penales.

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Como parte de su operación, el activista también trata con presos de Guatemala y El Salvador, cuyas familias entregan sus recursos con la esperanza de tener de regreso a sus familiares. En el horizonte de este activista no sólo se encuentra la expansión a otras entidades del país; sino a Centroamérica, beneficiándose de la expulsión de migrantes de estos países. Ahora los migrantes no sólo deben cuidarse de caer en las redes del narcotráfico, sino también de las de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos.

FUENTE: Industrias México