La protesta, que incluye un paro de labores que se extenderá hasta el martes, se agudizó luego que la Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, aprobara la semana pasada la eliminación de esos fondos depositados en fideicomisos, una iniciativa que aún debe ser ratificada por el Senado.
La Suprema Corte de Justicia asegura que el proyecto legislativo suprimirá fondos con los que el poder judicial atiende obligaciones laborales y de seguridad social.
Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que el objetivo es eliminar un régimen de privilegios que, según él, solo beneficia a magistrados y otros altos funcionarios.
«Es una lástima que nuestro gobierno, el presidente en este caso, esté atacando a un poder que siempre ha sido autónomo», dijo Carolina Reyes, trabajadora de un tribunal federal de Ciudad de México, al portal La Silla Rota, durante la concentración en la capital.
Reyes y al menos 2.000 empleados judiciales más se reunieron en el céntrico Monumento a la Revolución y marcharon unas diez cuadras coreando frases como «¡No son privilegios, son nuestros derechos!» o «¡Somos los garantes de la Constitución!».
Otras 2.000 personas se reunieron también en el centro de la industrial ciudad de Monterrey (noreste) para expresar su disconformidad.
«Con actos de venganza, México no avanza», fue uno de los gritos de protesta de los participantes en la marcha realizada en la llamada Macroplaza, que generó el cierre de algunas vialidades.
En la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, la convocatoria reunió a unos 500 empleados judiciales, que desfilaron vestidos de blanco sobre la principal avenida de la ciudad.
Otros cientos desfilaron igualmente por el centro de Morelia, capital del estado de Michoacán (oeste), cerca de las sedes donde se celebra un importante festival internacional de cine.
La pugna entre el Ejecutivo y el poder judicial se ha profundizado a medida que la Suprema Corte ha bloqueado iniciativas clave de López Obrador, que acusa al tribunal de estar al servicio de la oposición conservadora y de defender la corrupción, en un contexto de alta impunidad.
Según López Obrador, los fideicomisos administran unos 15.000 millones de pesos (833 millones de dólares), que planea destinar a programas sociales.