Presuntos taladores ilegales mataron a tiros a tres guardabosques que patrullaban e hirieron a un cuarto en el centro de México, cerca de las laderas del volcán Iztaccíhuatl.
La policía del estado central de Puebla, al este de Ciudad de México, dijo el domingo por la noche que los asesinatos tuvieron lugar ese mismo día. El herido fue hospitalizado, indicó la policía.
Los cuatro “realizaban labores de guardabosques” cuando les dispararon, agregaron las autoridades. Debido a que México no tiene un servicio forestal nacional, los agricultores de las granjas comunales locales a menudo se organizan para proteger los bosques de sus comunidades, combatir los incendios forestales y la tala.
Los hombres trabajaban cuando “fueron agredidos con armas de fuego por otras personas”, presuntamente dedicadas a la tala clandestina, según un comunicado de la policía, el cual agregó que hay una investigación en marcha.
Los madereros han apuntado durante mucho tiempo a las laderas boscosas inferiores del volcán Iztaccíhuatl, que no está lejos del aún activo volcán Popocatépetl.
El año pasado, el investigador y ambientalista mexicano Álvaro Arvizu fue asesinado a machetazos en un centro de educación ambiental donde trabajaba cerca del Iztaccíhuatl. Sus colegas dijeron que el asesinato parecía ser una represalia por su trabajo en defensa de los bosques y los recursos hídricos en las montañas que rodean la Ciudad de México.
Y a principios de 2023, el activista indígena contra la tala Alfredo Cisneros fue asesinado a tiros en la aldea indígena purépecha de Sicuicho, en el estado occidental de Michoacán, un estado plagado de violencia.
Cisneros era un líder local y un activista contra la tala, y miembro del consejo de tierras comunitarias. Las comunidades indígenas de Michoacán han luchado durante años contra la minería y la tala clandestina que afectan los bosques de pino y oyamel de la región. Los madereros a menudo talan árboles para plantar aguacates, un cultivo de exportación muy lucrativo en Michoacán.
En 2021, México fue nombrado el país más mortífero del mundo para ecologistas y defensores de las tierras en un informe anual de Global Witness, una organización no gubernamental. Unos 200 activistas fueron asesinados en todo el mundo ese año, 54 de ellos en México.