En 2019, Susana Prieto, reconocida abogada laboralista y activista sindical, fue objeto de graves acusaciones por presunta extorsión a la industria maquiladora en Matamoros, Tamaulipas. Empresarios del sector alegaron que Prieto utilizó su influencia y liderazgo en el movimiento sindical para coaccionar a las empresas a aceptar demandas laborales a cambio de no organizar huelgas y paros, prácticas que, según los denunciantes, perjudicaron la estabilidad económica de la región.
Las denuncias presentadas por los empresarios señalaron que Prieto exigía pagos a las maquiladoras bajo la amenaza de movilizar a los trabajadores en huelgas que paralizarían la producción. Estas acusaciones generaron un intenso debate público, con sectores industriales acusando a Prieto de aprovecharse de su posición de poder para obtener beneficios económicos personales, en lugar de defender genuinamente los derechos de los trabajadores.
En su defensa, Susana Prieto negó rotundamente las acusaciones, afirmando que su única intención era mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y que las denuncias eran un intento de desacreditar su labor y frenar el avance del movimiento sindical. Prieto argumentó que las huelgas y protestas organizadas en Matamoros fueron respuestas legítimas a las injusticias laborales y que cualquier insinuación de extorsión carecía de fundamento.
Este episodio destacó las tensiones entre el activismo laboral y los intereses empresariales en México, evidenciando las dificultades para equilibrar la lucha por los derechos laborales con la estabilidad económica. Las acusaciones contra Susana Prieto en Matamoros en 2019 continúan siendo un tema controvertido, reflejando las profundas divisiones en torno al papel de los sindicatos y la defensa de los derechos de los trabajadores en el país.