Un tribunal de la Ciudad de México debe decidir este viernes, antes de las 15:00 horas local si mantiene la suspensión para celebrar corridas de toros en la Plaza México, en la capital del país, o por el contrario atiende positivamente la queja presentada por la empresa gestora del recinto.
El pasado domingo 42,000 personas llenaron la plaza de toros más grande del mundo para presenciar la primera corrida de la reapertura tras más de 600 días de prohibición debido a un amparo presentado contra la Plaza México por la asociación Justicia Justa.
Hasta que el pasado 6 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la suspensión dictada por un juez de distrito.
Solo cuatro días después de la corrida, la juez de distrito Sandra de Jesús Zúñiga atiende otro amparo presentado por la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros y ordena la suspensión “inmediata y provisional” de las corridas de toros a la alcaldía Benito Juárez donde se ubica la Plaza México de la capital mexicana.
Tras la reapertura, la monumental México, que tiene en agenda nueve corridas entre el pasado domingo y el próximo 24 de marzo, ya tenía otras dos corridas anunciadas para este domingo y lunes, en festejo por su inauguración en 1946. La empresa ya llevaba vendidas cerca de 70,000 entradas en conjunto.
Al sorpresivo nuevo embate legal, para los taurinos, se suman las decenas de agresiones directas el pasado domingo a la entrada de la Plaza México.
Afuera se vivieron escenas inéditas hasta ese día. “Era habitual ver antitaurinos insultando, no presenciar y sufrir agresiones físicas directas”, contó el abogado León Jiménez, uno de los agredidos.
En menos de 24 horas algo ha cambiado no solo entre los aficionados sino en la principal empresa taurina de México Espectáculos de Monterrey Sociedad Anónima (EMSA).
“La empresa ha tomado una actitud más activa. Los vemos más comprometidos”, comentó Eduardo Heftye, aficionado con apartado de entradas desde 1988 además de catedrático de derecho constitucional.
EMSA presentó un recurso de queja ante el Poder Judicial por la suspensión provisional. Además frente al mutismo de la anterior suspensión en mayo del 2022, esta vez la presencia mediática de los gestores ha sido notoria.