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Los integrantes de la élite económica mexicana tienen puntos en común: muchos heredaron sus fortunas y grupos empresariales, se han beneficiado de monopolios creados de la mano del poder político y de las privatizaciones llevadas a cabo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y gobiernos anteriores del actual les han obsequiado multimillonarias condonaciones fiscales.

No sólo eso: también acostumbran canalizar parte de sus fortunas a paraísos fiscales y bancarios, desde los cuales satisfacen sus excentricidades y diversifican sus portafolios de bienes mediante la compra de inmuebles en Estados Unidos –principalmente en Miami, Nueva York o Vail–, yates o aviones o para controlar cuentas bancarias en Suiza.

Entre ellos destacan Germán Larrea Mota Velasco, Alberto Baillères González, María Asunción Aramburuzabala Larraguí, Olegario Vázquez Raña, Francisco Javier Robinson Bours, Jaime Chico Pardo, Leopoldo Espinosa Abdalá, Antonio Madero Bracho y otros integrantes de familias mexicanas multimillonarias registradas en la revista Forbes.

También existen estructuras de familiares de Carlos Slim Helú –de su sobrino político, Alejandro Aboumrad González–, Ricardo Salinas Pliego –desde su abuelo, Hugo Salinas Rocha–, un hijo del banquero Antonio del Valle Ruiz, otro de Roberto González Barrera (Gruma), el hermano de Carlos González Zabalegui (La Comer), nietos del banquero Manuel Espinosa Yglesias o primos de Emilio Azcárraga Jean (Televisa).

Durante cerca de un año el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) coordinó la investigación. Ésta movilizó a cerca de 600 periodistas alrededor del mundo, quienes analizaron los millones de correos electrónicos, actas de registros, informes financieros, formularios o folletos de las firmas –principalmente Trident Trust, en las Islas Vírgenes Británicas (BVI); Alemán; Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), de Panamá; y Asiaciti, en Singapur– para ofrecer un nuevo vistazo inédito a las entrañas del mundo offshore.

En los #PanamaPapers, #BahamasLeaks o #ParadisePapers, investigaciones periodísticas previamente coordinadas por el ICIJ, Proceso y medios aliados ya habían revelado las estructuras offshore secretas de Ricardo Salinas Pliego, de los hermanos Calderón Rojas (FEMSA), de los Zambrano Alanís (Cemex), Agustín Franco Macías (Infra) o Eugenio Coppel Luken (Coppel).

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En otras palabras: todos, o prácticamente todos, los multimillonarios del país han sido clientes de la industria offshore y usuarios de su amplia gama de servicios, que van desde estructuras de “optimización fiscal” –para pagar menos o ningún impuesto–, para controlar bienes en el extranjero o para eliminar sus huellas de ciertas operaciones.

De hecho, más de 130 multimillonarios de Forbes fueron detectados entre los archivos que dieron pie a la investigación #PandoraPapers, cuyas fortunas acumuladas sumaron más de 630 mil millones de dólares en 2021. Estos ultrarricos, vinculados a estructuras offshore, provienen del planeta entero, sea de Rusia, Estados Unidos, Brasil o el Reino Unido.

Controlar estructuras offshore no constituye en sí un delito en México. Lo es cuando la estructura no fue reportada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), o si movió recursos de origen ilícito, elementos que el periodismo no puede verificar pues están protegidos por el secreto fiscal.

En México, uno de los países más desiguales del planeta, donde ocho de cada 10 personas padecen por lo menos una carencia social y donde 40% de la población tiene un ingreso inferior a la canasta alimentaria, los multimillonarios presiden grupos que se han beneficiado de la mayor parte de los más de 400 mil millones de pesos de impuestos condonados por el SAT durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Según la organización Fundar, sólo 108 contribuyentes acapararon la mitad de estas condonaciones, mientras el resto se repartió entre otras 153 mil personas físicas y morales.

Las estrategias offshore abundan para acumular riquezas sin pagar impuestos, lejos de la vista de las autoridades: un trust en Nueva Zelanda, operada por directores de papel y con una cuenta bancaria en Suiza, presta dinero a una sociedad de papel en las Islas Vírgenes Británicas, que termina canalizando el dinero a una sociedad de papel de Delaware o en Singapur, que a su vez son las dueñas legales de yates, mansiones en Nueva York, Miami o Vail, jets privados o cuentas de inversión.

Diseñar y concretar estos esquemas tiene un precio: algunos despachos de fiscalistas para ultrarricos facturan hasta en 200 dólares una llamada telefónica y cualquier trámite en registros públicos de jurisdicciones offshore rebasa rápidamente los mil dólares. Al parecer, estos costos son irrisorios en comparación con los beneficios económicos y la secrecía que ofrece la industria.

FUENTE: Proceso