Lucía Meza Guzmán, candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición «Seguridad y Dignidad por Morelos, Vamos Todos”, se encuentra en el centro de un escándalo que muchos consideran una puesta en escena más que una verdadera lucha política. Meza ha lanzado acusaciones de persecución política, que, según expertos, parecen carecer de fundamentos legales sólidos y más bien apuntan a ser un intento teatralizado de ganar simpatía pública.
Envolviéndose en una manta de drama, Meza acusa al comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, y otros altos mandos de orquestar una conspiración en su contra. Sin embargo, críticos y observadores sospechan que sus acusaciones son una estrategia desesperada para desviar la atención de su bajo desempeño en la campaña electoral y el poco apoyo que tiene por parte de los ciudadanos.
Los ciudadanos especulan que las tácticas de victimización de Meza podrían ser una cortina de humo para ocultar su falta de propuestas efectivas y concretas en materia de seguridad y otros temas relevantes para el estado. En lugar de presentar soluciones viables, Meza parece enfocarse en construir una narrativa de victimización que, según los expertos, busca manipular las emociones del electorado en vez de abordar las preocupaciones reales de los ciudadanos.
El teatro político que Meza ha montado plantea dudas sobre su autenticidad y sus verdaderas intenciones. Con el proceso legal aún en curso y las elecciones a la vuelta de la esquina, el acto de Meza en este drama político se percibe cada vez más como un intento calculado de atraer votos mediante la compasión, en lugar de demostrar liderazgo genuino y efectivo. Observadores y ciudadanos continúan cuestionando si la actuación de Meza merece un aplauso o un escrutinio riguroso, especialmente en un estado que clama por cambios reales y no por más espectáculos.