UIF

El Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, lava dinero en Andorra: la organización criminal más poderosa del país aprovechó las ventajas fiscales del principado europeo para blanquear al menos 108 millones de pesos mediante una compleja red de empresas fachada que han servido para todo tipo de actividad ilícita, desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos para esquemas de corrupción vinculados a Odebrecht y la Estafa Maestra. La estrategia de la que el cártel sinaloense se valió para mover sus ganancias se basó en el uso de compañías cascarón que, a su vez, transfirieron fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencia financiera. Todo, a lo largo de la última década, periodo que coincide con los últimos años del reinado de Joaquín El Chapo Guzmán.

Aunque el esquema funcionó debajo del radar durante casi 10 años, las primeras pistas concretas del lavado sinaloense en Andorra ya están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó al menos a 22 empresas mexicanas que registraron transacciones en el principado y que, en un segundo nivel, tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cártel de Sinaloa para mover capitales producto de la venta de droga hacia paraísos fiscales.

MILENIO tuvo acceso al reporte de inteligencia presentado a principios de marzo ante el gabinete de seguridad federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las indagatorias de la UIF detectaron en el sistema financiero una serie de transacciones vinculadas directamente con el cártel de Sinaloa, controlado en esa época por Joaquín El Chapo Guzmán, con destino a distintos bancos andorranos. Según el informe, hasta ahora, la UIF ya comprobó transferencias por al menos 108 millones de pesos originadas desde estas 22 empresas cascarón. Se tiene la sospecha fundada de que eso es sólo una fracción minúscula de lo movido por el cártel hacia el sistema financiero andorrano. La UIF detectó además, que estas empresas fachada fueron fundadas a lo largo de los últimos años para servir también a otros cárteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupción, desvío de recursos públicos y evasión fiscal. Son corporaciones falsas en las que ya se detectaron vínculos con otras investigaciones como las del abogado Juan Collado, la red de Odebrecht e incluso la Estafa Maestra. Lo que las autoridades mexicanas estiman es que, como muchos otros actores políticos y empresariales de México, el Cártel de Sinaloa se benefició de la laxitud del sistema financiero de Andorra, que hasta 2018 fungió como uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo.

El reporte explica que la unidad encabezada por Santiago Nieto detectó que Manuel Eduardo Rodríguez, considerado como el principal operador financiero de Joaquín “El Chapo” Guzmán y quien se encuentra prófugo, recurrió a este entramado de empresas cascarón para transferir capitales desde México a Andorra, con la meta de lavar dinero del Cártel de Sinaloa y grupos colombianos del narcotráfico. No se sabe, a ciencia cierta, cómo llegó una organización criminal transnacional a conocer a los encargados de manejar a empresas fachada que también fueron usadas por emporios como Odebrecht. Lo que sí desnudan las pesquisas es que mientras el gobierno toma una decisión para cerrar las vías de blanqueo, el cártel revira con otra para mantener los canales hacia Europa abiertos. En los documentos se establece una intrincada red en la que, a la vez que aparecen y desaparecen compañías, se registran depósitos en pesos y dólares en cuentas de bancos andorranos. Por ejemplo, la UIF detectó que luego de que en 2013 fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República las empresas ZOCLE MERCANTIL S.A. de C.V. y Comercializadora PITER S.A. de C.V. por operaciones con recursos de procedencia ilícita del Cártel de Sinaloa, los contadores de «El Chapo» Guzmán recurrieron a una serie de pequeñas asociaciones para mantener funcionando el lavado de dinero. Estas dos empresas eran fundamentales para el crimen organizado pues las autoridades, también las vinculan con la avioneta que el gobierno de Venezuela derribó en noviembre de 2013 con un cargamento de droga destinado para el Cártel de Sinaloa. Una de las empresas que surgió a raíz de la denuncia en contra de ZOCLE S.A. y PITER S.A. de C.V, fue COPADEC CRIC S.A. de C.V. que transfirió recursos a Gallaxy Real Estate S.A. de C.V., que a su vez transfirió 200 mil dólares a Andorra. Gallaxy encabeza la lista de las 22 empresas que la UIF ha comenzado a rastrear por “movimientos inusuales”.

Las autoridades comprobaron que COPADEC CRIC tiene el mismo domicilio que la empresa VIKOCEL S.A. de C.V. y fueron constituidas junto con ZOCLE, por el mismo notario público: Leonardo Alfredo Beltrán Balderas en Nezahualcóyotl. Todas, según el gobierno federal, con indicios de lavado de dinero del crimen organizado y actos de corrupción. COPADEC envió 45.5 millones de ZOCLE y recibió seis millones de pesos en efectivo; mientras que VIKOCEL envió a ZOCLE 1.1. millones de pesos y recibió cuatro millones. COPADEC también está vinculada, de acuerdo a la UIF, con el desvío de recursos públicos a través de la llamada ‘Estafa Maestra’, otro de los esquemas que fueron detectados para el uso de estas 22 empresas mercantiles.

Las indagatorias de la UIF, que aún no concluyen, identificaron que estas 22 empresas presentan los mismos domicilios y número telefónicos, e incluso, buscaron abrir cuentas bancarias el mismo día.

Fueron constituidas en los últimos 10 años y la mayoría tiene domicilios en el Estado de México, en los últimos meses de Enrique Peña Nieto como gobernador y en sus años como presidente de la República. Pero en la red de empresas cascarón aparecen más vínculos, incluso, con figuras prominentes de México. Como el caso de dos de las compañías enlistadas: Enterprisse Gamki S.A. de C.V. y Varys Comercial S.A. de C.V., consideradas como las empresas fachada a través de las que Juan Collado, el ex abogado de Peña Nieto cobró 4.4. millones de dólares en Andorra.

Collado se encuentra preso desde el 2019 por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Otras empresas están listadas por el SAT como empresas fachada y con compañías incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas por irregularidades en sus movimientos financieros.

Además de que en un tercer esquema detectado, estas empresas se dedican también a la venta de facturas fraudulentas para evadir al SAT.

Fuente: Milenio