Por noveno año consecutivo, México muestra retrocesos en su Estado de Derecho, posicionándose en el lugar 116 de 142 países de todo el mundo con menores niveles de gobernanza, señala el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project (WJP).
Según muestra el estudio, a lo largo de un año México redujo su Estado de Derecho en 1.3%, al obtener una puntuación de 0.42, con calificaciones que oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho.
Es así que entre 2022 y 2032, a nivel mundial nuestro país cuenta con niveles de gobernanza parecidos a los de Angola (lugar 115) y Turquía (lugar 117). Cabe señalar que en el índice anterior, México se posicionó en el lugar 115 de 140 naciones que fueron medidas por el WJP; mientras que en 2015 (primer año de la medición), ocupó el lugar 79 de 102 países.
El país mejor clasificado en el Índice Global de Estado de Derecho 2023 del WJP, es Dinamarca, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania. Mientras que el país con la puntuación más baja es Venezuela, seguido de Camboya (lugar 141), Afganistán (140), Haití (139) y la República Democrática del Congo (138).
En tanto, a nivel regional, México se colocó en el puesto 27 de 32 países de América Latina y el Caribe, sólo por debajo de Guatemala y por arriba de Honduras. El país con mejor puntuación de la región es Uruguay (puesto 25 de 142 a nivel mundial), seguido de Costa Rica y Chile.
Sobre los ocho indicadores que utiliza el estudio para medir que una nación cuente con un Estado de Derecho robusto (límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal), se muestra que México mantienen posiciones preocupantes en la mitad de los factores.
Cohecho
Tal es el caso del factor de ausencia de corrupción, donde registra su peor puntuación al colocarse en el lugar 136 de 142 países, con una calificación global de 0.26 puntos, además de que a nivel regional ocupa la posición 30 de 32 países de América Latina y el Caribe.
Asimismo, de los cuatro rubros que mide este indicador —ausencia de corrupción en el poder Ejecutivo, poder judicial, policía y Ejército, y poder legislativo— se halló que México tiene la peor posición (131 de 142 países) cuando se mide si los miembros de la legislatura se abstienen de solicitar o aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos o votos favorables a la legislación.
Seguido de si los jueces y funcionarios judiciales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para desempeñar sus funciones o acelerar procesos, y si el Poder Judicial y los fallos judiciales están libres de influencia indebida por parte del gobierno, intereses privados y organizaciones criminales, donde se colocó en el lugar 130 de 142.
Mientras que hablar sobre si los agentes de policía y los investigadores criminales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para realizar servicios policiales básicos o para investigar delitos, y si los funcionarios gubernamentales de la policía y el ejército están libres de influencias indebidas por parte de intereses privados u organizaciones criminales, obtuvo el lugar 128 de 142.
En tanto que en la medición sobre qué tanto prevalecen los sobornos, pagos informales y otros incentivos en la prestación de servicios públicos y la aplicación de regulaciones, a nivel global nuestro país ocupa la posición 126 de 142.
En este rubro también se mide si los contratos de adquisiciones gubernamentales y de obras públicas se adjudican mediante un proceso de licitación abierto y competitivo, y si los funcionarios gubernamentales en diversos niveles del poder ejecutivo se abstienen de malversar fondos públicos.
Sobre este tema, Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas destacó que, al igual que las tendencias mundiales, en México hay un debilitamiento de los contrapesos y la existencia de gobiernos en donde pues hay escasas capacidades de vigilancia, así como un Poder Judicial que no se ha consolidado.
En este sentido, alertó que el Estado de Derecho del país presenta un deterioro constante desde 2015 y un estancamiento hacia la baja desde el 2022.
“Tenemos un retroceso en orden y seguridad, un deterioro del sistema de justicia civil, que de por sí era bastante limitado. Vemos que sigue saliendo bien el tema de gobierno abierto (45 de 142 países) y pues la en cuanto a la transición del poder a pesar de los embates al INE”, detalló.