A nivel nacional se perderían 300,000 empleos adicionales a los que ya se han registrado por la contingencia sanitaria, aseguran.
Diferentes organismos empresariales consultados por El Economista afirmaron que actualmente es el peor momento para que en las entidades se implemente la prohibición de la venta de la comida chatarra a menores de edad, debido a que el Covid-19 ha puesto en aprieto a las economías estatales.
El pasado 5 de agosto, en medio de la pandemia, el Congreso local convirtió a Oaxaca en la primera entidad en prohibir que se le venda, regale, distribuya o que se promocionen productos no saludables, como aquellos con alto contenido calórico, así como bebidas azucaradas, a menores de edad.
A partir de esa fecha, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los Congresos estatales del país, a excepción de Nayarit, han buscado ir en este camino (ya se encuentran los diputados locales elaborando las iniciativas en mesas de trabajo y comisiones, o ya las presentaron en los plenos estatales); de ahí destaca Tabasco, que fue la segunda entidad en aprobar esta ley.
“En todos los casos son propuestas de Morena”, explicó el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, Reginaldo Esquer Félix, quien añadió que éste es el peor momento para tomar esta decisión, “la pandemia ha generado 1 millón 100,000 de desempleados y la mortandad de 500,000 empresas formales, tienes una economía en picada”.
Precisó que la Coparmex está desarrollando un estudio para conocer el impacto económico que causaría esta ley; como primer resultado dijo que a nivel nacional se perderían 300,000 empleos adicionales a los que ya se han registrado por la contingencia sanitaria, de ellos, 130,000 serían en Ciudad de México.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño Servicios y Turismo de Oaxaca (Canacope), Salvador López López, la implementación de esta medida preocupa porque no sólo generará daños económicos, (estima que de los 58,000 micronegocios en la entidad, 60% no va a sobrevivir por la prohibición, además de calcular una pérdida inicial de 96 millones de pesos), sino que “refleja que la Iniciativa Privada ya no tiene voz para la discusión y aprobación de leyes”.
“Estamos en contra de este decreto que se aprobó en Oaxaca, dado que no dio oportunidad a todos los sectores, a todas las organizaciones y cámaras empresariales para que conocieran nuestros puntos. Para nosotros es muy importante la salud de los niños, pero en el caso de esta ley es una propuesta que debió haber sido integral”, destacó.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Tabasco, Carla Morales Ariza, puntualizó que antes de aprobar la ley en la entidad primero era fomentar un diálogo en parlamento abierto con el sector empresarial para que así se atendieran “los problemas de salud de la población y se buscaran soluciones integrales sin afectar las economías regionales y el sustento de miles de familias tabasqueñas que laboran en las cadenas de producción alimentarias”.
“Esta medida, además de no generar acciones reales para atacar el problema de raíz, daña a las cadenas de valor en plena crisis”, subrayó Morales Ariza, quien consideró que inicialmente se genere una afectación de más de 60% en el ingreso de los comercios.
Esquer Félix señaló en que el sector informal está dejándose de lado, además de que no se estaría regulando todo el consumo de productos chatarra, porque se excluyen a los no empaquetados.
En tanto, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Estado de México, Laura González Hernández, expuso el motivo por el cual surgieron estas iniciativas se deben a lo declarado por el subsecretario federal de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, que sugiere que la tasa de mortandad en la pandemia se debe a los problemas alimenticios de la población, los cuales son originados por la comida chatarra.
Refirió que de aprobarse la ley en el Estado de México representaría un golpe directo a una de las industrias alimentarias más importantes del territorio nacional, “tenemos el mayor centro consumo del país, en la entidad hay 17 millones de habitantes, más los de Ciudad de México tenemos un total de 26 millones”.
Las estimaciones del CCE Estado de México arrojan que quedarían afectadas 200,000 unidades económicas de giros como industria alimentaria, de conservas, refresquera, tiendas de abarrotes, de conveniencia, autoservicio, venta de alimentos, comercio de alimentos y bebidas, “siendo las micro, pequeñas y medianas empresas las más afectadas”.
Preocupación
Otro de los argumentos que se suman a que no es el mejor momento de aprobar este tipo de leyes, es que esto alentará la recuperación económica de las entidades, afirmó el presidente de la Canacope de la Ciudad de México, Eduardo Daniel Contreras Pérez.
“Sería casi imposible ver una recuperación económica a corto plazo. Va a crecer la clandestinidad y el comercio ilegal, muchas tiendas van a tener ventas irregulares. Se tiene que replantear y formular mejor, la prohibición no es el camino”, sostuvo.
Destacó que 40% de las 121,883 pequeñas empresas capitalinas dedicadas al comercio minorista de abarrotes no sobrevivirán si se aprueba la ley; en total generan 900,000 empleos.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Mérida, Michel Salum Francis, indicó que “vamos a seguir viendo un alto índice de desempleo, una mayor informalidad. Ése es el mensaje que estamos dando en plena crisis sanitaria y económica, alejamos la llegada de inversiones”.
Mientras el presidente de Coparmex, Chihuahua, Jorge Cruz Camberos, aseguró que a la Iniciativa Privada sí le preocupan los niños y la relación que hay entre los problemas alimenticios con la tasa de mortalidad en la pandemia, pero también pidió que las autoridades estatales le otorguen más tiempo a las empresas para recuperarse económicamente; “las más afectadas son las mipymes, que son la base de toda economía”.
El presidente de la Canaco Tijuana, Jorge Macías Jiménez, explicó que además de lastimar a la cadena de valor que fabrica y vende productos, también se afecta al sector agroindustrial, ya que muchos productos chatarra están elaborados a partir de maíz, papas, caña de azúcar, entre otros.
Se necesita diálogo
La presidenta de Canacope Córdoba, Veracruz, Marcela López Huerta, hizo un llamado a que en los diferentes estados del país se apuesten por mesas de trabajo conjuntas, donde se analicen las consecuencias que podrían ocasionar este tipo de leyes.
“Parece que es una medida que ayudaría a bajar los índices de obesidad, pero a lo largo de la historia hemos visto que las prohibiciones en lugar de sumar, restan, no funcionan. Lo que tenemos es buscar una política integral, multifactorial. Ya tenemos la iniciativa presentada en Veracruz y por lo mismo, buscamos diálogo con nuestros legisladores”, recalcó.
En ese sentido, el presidente de la Canaco Campeche, Carlos Tapia, sugirió que si se busca hacer un cambio y mejorar la alimentación de los niños se tiene que apostar por un cambio gradual, “si pugnamos con la regularización de este tipo de productos, el cambio tiene que ser gradual, con tiempo, necesitamos iniciar con una campaña de transición”.
“Pido además de generar mesas de trabajo, también se hagan foros, que se hagan estudios y que no solamente se incluyan a los alimentos chatarra, estoy a favor de la salud, pero hay que estudiarlo a fondo, explicó el presidente de la Canaco en Cancún, Rafael Ortega Ramírez.
El presidente de Canacope Pachuca, Hidalgo, Héctor Bautista Escalona, enunció que en las mesas de diálogo que se desarrollen se debe ver el hecho de que hay estados en color rojo del semáforo epidemiológico, por lo cual hay empresas que no han tenido oportunidades de aplicar estrategias de recuperación; “si se aplica esta ley mientras un estado está en rojo sería fatal, de nada serviría esperar el cambio de color”.
En tanto, el presidente de Coparmex Puebla, Fernando Treviño Núñez, coincidió en que “primero se deben hace un acuerdo, mesas de diálogos, en ver cómo ayudamos, pero sin afectar a la economía, la cual ya está muy golpeada, los más desafortunados serán los micronegocios, como las tienditas, de donde depende una familia”.
“Solicitamos al Congreso del estado de Puebla que se analice, hacemos un llamado a que se haga una mesa de diálogo, no mencionan al comercio informal ni la venta de granel, para empezar primero piso parejo, limitar el consumo de alimentos chatarra no solucionaría el problema”, reiteró.
El presidente de Canacope Hermosillo, Martín Zalazar Zazueta, ahondó en que se necesita trabajar con las autoridades para ver cuál es el mejor camino a seguir, además advirtió que los índices de criminalidad podrían aumentar porque con estas acciones la población se queda sin opciones de ingresos.
Fuente: El Economista
