El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la reapertura y expansión de la prisión de Alcatraz, cerrada desde 1963, para albergar a los delincuentes más peligrosos del país. La decisión, anunciada el 5 de mayo de 2025 a través de su red Truth Social, forma parte de una serie de medidas más estrictas en materia de justicia penal e inmigración.
Trump describió la iniciativa como una forma de aislar a los “delincuentes violentos y despiadados” y restaurar el orden y la justicia. La orden instruye a agencias federales, como la Oficina de Prisiones, el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, a reconstruir y reabrir la histórica prisión ubicada en la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco.
Sin embargo, la propuesta ha generado críticas inmediatas. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la idea de “no seria”, señalando que Alcatraz es actualmente un parque nacional y una atracción turística importante. El senador estatal de California, Scott Wiener, la describió como un “ataque al estado de derecho”.
Expertos también han cuestionado la viabilidad del proyecto, citando los altos costos operativos y la infraestructura deteriorada de la prisión, que originalmente fue cerrada debido a estos problemas. Además, la isla carece de recursos esenciales como agua potable y requiere que todos los suministros sean transportados por barco, lo que aumentaría significativamente los costos de operación.
La reapertura de Alcatraz se enmarca en una serie de políticas más estrictas de la administración Trump, que incluyen la expansión de centros de detención en Guantánamo y propuestas para trasladar prisioneros a instalaciones de alta seguridad en el extranjero.
La Oficina de Prisiones ha declarado que cumplirá con todas las órdenes presidenciales, aunque no ha proporcionado detalles sobre cómo se implementará la reapertura de Alcatraz, considerando su actual estatus como sitio histórico y parque nacional.
La decisión de Trump ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre seguridad pública, derechos civiles y el uso de instalaciones históricas para fines penales
