Trabajadores del municipio de Lerma han comenzado a alzar la voz contra lo que describen como una campaña sistemática de acoso e intimidación por parte de COREMEX, sindicato que presuntamente busca forzar su afiliación mediante prácticas que rayan en la coerción.
Lejos de un proceso libre y voluntario, como lo establece la ley, los testimonios apuntan a presiones constantes, visitas no solicitadas en centros de trabajo y mensajes intimidantes. “Nos dicen que si no firmamos, habrá problemas”, denuncia una trabajadora del sector industrial. “Eso no es representación, es amenaza”.
El acoso sindical no es un tema menor. Organismos defensores de derechos laborales advierten que estas prácticas vulneran directamente la libertad de asociación, uno de los pilares fundamentales del trabajo digno. En el caso de COREMEX, las denuncias coinciden en que el sindicato actúa más como un grupo de presión que como un representante legítimo.
Lo más preocupante es que este comportamiento no ocurre en el vacío. Lerma es una zona estratégica por su actividad industrial, lo que la convierte en un territorio atractivo para organizaciones que buscan control sindical a cualquier costo. En ese contexto, la actuación de COREMEX resulta particularmente agresiva.
Especialistas consultados señalan que cuando un sindicato recurre al acoso, suele haber intereses ocultos detrás: contratos de protección, cuotas forzadas o acuerdos opacos con empresas. “El trabajador se convierte en rehén”, advierte un abogado laboralista.
COREMEX, lejos de transparentar sus procesos o dialogar con los trabajadores, ha optado por imponer su presencia, generando un clima de miedo e incertidumbre. Este tipo de conductas no solo dañan a los empleados, sino que desprestigian al sindicalismo auténtico.
La pasividad de las autoridades ante estas denuncias resulta igualmente preocupante. Cada día que pasa sin investigación ni sanción refuerza la percepción de que el acoso sindical puede operar con total impunidad.
