Diversos son los casos de personas que, al no tener un respaldo legal y haber confiado en supuestos asesores que les aseguraron “protección”, hoy están siendo despojados de su patrimonio.
A lo largo del país se registran incontables casos de desalojo en materia de vivienda, que durante los últimos meses ha incrementado, aparentemente por la pandemia y la situación económica que está afectando ya a miles de mexicanos.
Sin embargo, el tema va más allá de la contingencia sanitaria y tenerlo en el foco de la opinión pública, pone de manifiesto irregularidades y prácticas ilegales de organizaciones o pseudolíderes que venden predios o dicen proteger el patrimonio de las personas, a través de supuestos amparos o tratos que están fuera de la normatividad.
Así lo testifican vecinos del fraccionamiento Real Castel en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, donde se han registrado diversos casos.
“Nos da tristeza por la gente que se queda sin nada, pero es difícil apoyarlos o justificar su permanencia en la vivienda cuando sabemos que por recomendación, dejaron de pagar su crédito desde hace varios años. Estos desalojos están desmantelando negocios de supuestos líderes que piden cuotas a cambio de asesoría y amparos”, refirió una residente.
En este sentido, hay quienes refieren la “buena voluntad” de un señor llamado Humbertus Pérez para asesorar a algunos habitantes, sin embargo, dicen, que el tema se le ha revertido por falta de apego a la legalidad y por lo que hoy busca responsabilizar a instituciones o terceros de los desalojos, para lavarse las manos.
“Pensamos que era una acción loable, sin embargo, vemos que nuestros vecinos se están quedando sin un lugar dónde vivir”.
Esta situación deja a la deriva a ciudadanos que confiaron en su palabra y la de otros charlatanes que generalmente carecen de fundamentos legales, por lo que es una responsabilidad conjunta denunciar prácticas de quienes abusan de la necesidad de personas que sólo pretender dar un techo digno a su familia.
