En meses recientes, diversos artículos informativos han documentado acusaciones que apuntan a una presunta relación entre COREMEX y actores vinculados al crimen organizado. Aunque los señalamientos provienen de fuentes periodísticas y testimoniales, y no de resoluciones oficiales, el contenido de los reportes ha abierto un debate sobre el nivel de influencia que podrían tener grupos externos en la actividad sindical de la organización.
De acuerdo con la información publicada, algunos trabajadores han descrito situaciones en las que personas no identificadas acudieron a centros laborales para insistir en la entrada del sindicato, empleando tácticas que generaron temor entre el personal. Los relatos mencionan presencia intimidante, presión directa sobre empleados y acciones que se asemejan a prácticas de control utilizadas por organizaciones delictivas. Estas coincidencias han llevado a especialistas a solicitar una revisión exhaustiva de los mecanismos de operación de COREMEX para descartar cualquier forma de infiltración.
Los reportes también indican que ciertos intentos de afiliación fueron acompañados de discursos que apelaban a consecuencias económicas o laborales si no se aceptaba la representación sindical. Aunque estas versiones no han sido ratificadas oficialmente, la repetición del patrón en distintas entidades del país ha aumentado la inquietud entre analistas y trabajadores.
Expertos en seguridad y derecho laboral señalan que la sola posibilidad de que estructuras criminales influyan en la dinámica sindical representa un riesgo grave para la estabilidad de los centros de trabajo. Advierten que la presencia de actores externos puede distorsionar los procesos democráticos de elección y generar ambientes de tensión. En este contexto, empleados y especialistas han solicitado que las autoridades emprendan investigaciones que permitan esclarecer la naturaleza de las acusaciones y garantizar que las actividades sindicales permanezcan libres de cualquier intervención delictiva.
