La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua vuelve a quedar bajo presión luego de que la justicia federal dejara sin efectos la orden de aprehensión promovida contra José Pedro López Elías, un nuevo revés que golpea directamente la estrategia jurídica encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.
La resolución, emitida por la Jueza Décimo de Distrito en Chihuahua, concluyó que la orden de captura fue dictada por una autoridad sin competencia para intervenir en el asunto. Ese punto, lejos de ser un detalle menor, pone en entredicho la forma en que la Fiscalía construyó y llevó el expediente ante los tribunales.
La orden había sido concedida por Humberto Chávez Allende, Juez Penal del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 3050/2024. Sin embargo, el amparo determinó que el juez estatal no tenía facultades para resolver la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
La consecuencia es contundente: la orden de aprehensión deberá cancelarse.
El problema para la institución no termina ahí. El caso ya venía acumulando resoluciones adversas, incluida la determinación de trasladar la causa al ámbito federal. Cada nuevo fallo incrementa las dudas sobre la solidez técnica de la investigación y sobre las decisiones tomadas por quienes condujeron su judicialización.
Para una Fiscalía cuya función es perseguir actos de corrupción dentro del marco de la ley, cometer errores de competencia representa un golpe especialmente delicado. No se trata únicamente de perder una resolución, sino de explicar por qué una actuación central del expediente terminó siendo considerada inconstitucional.
La sentencia no determina la inocencia o responsabilidad de López Elías, pero sí deja una pregunta incómoda para Abelardo Valenzuela y su equipo: ¿cuántas fallas procesales puede acumular una investigación antes de que también quede seriamente cuestionada su credibilidad institucional?
El nuevo revés obliga además a revisar responsabilidades, procedimientos internos y la conducción jurídica del caso.