El abogado Arturo Alcalde Justiniani, representante del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, ofreció una entrevista a la periodista Carmen Aristegui en la que lanzó fuertes críticas contra la institución, pero terminó cuestionando indirectamente a los mismos trabajadores que asegura defender.
Durante la conversación, Alcalde insistió en que la administración del Monte busca “acabar con el sindicato” y “llevar las condiciones laborales al piso”. Sin embargo, omitió recordar que los cambios a los que hace referencia fueron parte del Convenio Modificatorio firmado en 2024, un acuerdo avalado por la autoridad laboral y ratificado mediante voto personal, libre y secreto por la base trabajadora. Dicho convenio permitió superar la huelga del año pasado y garantizar la viabilidad operativa de la institución, una decisión en la que participaron los propios empleados.
El abogado también aseguró que el Monte de Piedad administra un patrimonio de 50 mil millones de pesos y que sólo destina 2.6 por ciento a labores sociales, sin embargo, según fuentes de la Institución, los datos que ofreció carecen de sustento oficial y simplifican la naturaleza jurídica del Monte, que es una Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro, supervisada por distintas instituciones públicas. El modelo de operación del Monte se basa precisamente en canalizar su propio servicio, el préstamo prendario a tasas bajas y accesibles, como un mecanismo de ayuda directa, no sólo en transferencias económicas.
Otro de los señalamientos más polémicos fue su afirmación de que los préstamos del Monte alcanzan intereses “de entre 50 y 100 por ciento anual”, pues de acuerdo con datos públicos, las tasas que aplica la institución son las más bajas del sector prendario formal y se encuentran reguladas por PROFECO y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En comparación con otras casas de empeño privadas, los intereses son en promedio 50 por ciento menores.
Alcalde también acusó que se creó un “sindicato minoritario” impulsado por la empresa para dividir al gremio. Sin embargo, el surgimiento del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad es producto del derecho constitucional de libre asociación, establecido desde la Reforma Laboral de 2019, impulsada por el Presidente López Obrador. Cuestionar ese derecho implica desconocer los principios que han buscado democratizar la vida sindical en México.
En otro momento, el abogado revivió críticas sobre los sueldos de directivos y el uso de oficinas en Polanco, señalando un supuesto dispendio en la administración, pero tampoco presentó evidencia ni explicó que los informes financieros del Monte son auditados externamente y públicos ante la autoridad de Asistencia Privada, lo que garantiza transparencia en el uso de los recursos.
Dicha entrevista dejó más dudas que certezas, pues mientras el abogado habló de persecución y acoso, evitó responder por qué el propio sindicato no ha cumplido compromisos asumidos en el convenio del año pasado ni explicó la razón de la nueva huelga a pocos meses de aquel acuerdo.
Así, más que una defensa de los trabajadores, sus declaraciones parecieron una confrontación personal con la administración del Monte, que hoy mantiene cerradas más de 300 sucursales afectando a los mismos empleados que dice representar.