La política en México atraviesa un punto de inflexión sin precedentes. La reciente Reforma del Poder Judicial ha puesto a jueces, magistrados y ministros en una posición que jamás imaginaron, la arena electoral.
De ser figuras casi intocables, resguardadas por la solemnidad de las cortes y los juzgados, ahora deben aprender a construir narrativas, conectar con la ciudadanía y, sobre todo, pedir el voto.
Este cambio representa un reto monumental en términos de comunicación política, pues tradicionalmente, la labor de los juzgadores se desarrollaba en tribunales y salas de audiencia, donde el lenguaje técnico y la discreción eran sus principales herramientas. Su legitimidad provenía del conocimiento jurídico, la jurisprudencia y la interpretación de la Ley, no de la simpatía o el carisma frente a las masas. Hoy, ese modelo del pasado ya no es suficiente.
De jueces a candidatos: la transformación del discurso
El primer desafío de quienes participan en la elección del Poder Judicial es la adaptación del mensaje. Los jueces están acostumbrados a argumentar con base en códigos y precedentes, pero el ciudadano de a pie no habla ese idioma.
La complejidad de su trabajo debe traducirse en discursos claros, emotivos y persuasivos, no basta con demostrar experiencia o capacidad técnica; deben generar confianza y cercanía con el electorado que, en muchos casos, no entiende a fondo el impacto de sus decisiones en la vida cotidiana.
Además, la imparcialidad, valor central del Poder Judicial, entra en tensión con la dinámica electoral, pues un juez candidato ya no solo interpreta la Ley, ahora toma posturas, debate y se somete al escrutinio público.
En ese contexto, las candidatas y candidatos a un cargo como juzgadores enfrentan el reto de encontrar el equilibrio entre la necesidad de ganar votos y no comprometer la esencia de su función. ¿Cómo evitar que la justicia se contamine con la lógica proselitista?
¿Qué podría prometer alguien que aspira a un cargo como éstos? ¿Qué sus decisiones serán más “justas”? ¿Qué siempre verá por los más desfavorecidos? ¿Qué sus resoluciones ahora serán más “sociales”? ¿Qué el pueblo que votó por él recibirá un trato mucho más justo y expedito?. Lo que estamos viendo en medio de las campañas es la recurrencia a lugares comunes en los que realmente solo tratan de llenar el espacio con conceptos vacíos pero efectivos en medio de una realidad política polarizada: que se humanizará el sistema judicial, que se acabará con la corrupción o que serán transparentes en sus decisiones.
La exposición mediática y el riesgo de la crisis
Otro reto crucial es la gestión de su reputación y las crisis que enfrentarán, ya que los jueces estaban acostumbrados a operar en la sombra, con un margen de privacidad mucho mayor al de cualquier funcionario tradicional y ahora, su trayectoria, decisiones pasadas e incluso su vida personal, los tiene bajo la lupa. La prensa, los adversarios y las redes sociales no perdonan, ni perdonarán las contradicciones o errores del pasado.
Las campañas políticas tradicionales en México suelen ser despiadadas. La guerra sucia, los ataques personalizados y la desinformación están a la orden del día, pero evidentemente, los jueces en su mayoría no están preparados para responder a estas crisis públicas en medio de una campaña y tampoco cuentan con equipos profesionales que les ayuden a gestionar el embate de los escándalos, porque lo que antes era una simple resolución judicial, ahora podría convertirse en un arma política.