- La FGR y la ASF analizan presuntas irregularidades, encubrimientos y decisiones que habrían violado el marco constitucional
Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado de Chihuahua, permanece bajo escrutinio nacional mientras organismos federales investigan su actuación en los últimos años. Aunque el Congreso local impulsa su reelección con el respaldo de la gobernadora María Eugenia Campos, la FGR y la ASF revisan posibles inconsistencias, omisiones y abusos de facultades que podrían comprometer su permanencia en el cargo.
La indagatoria se centra en su intervención en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública estatal de 2019, particularmente en la “Auditoría Forense a la deuda 2021”, ordenada pese a que la empresa involucrada ya había sido auditada sin irregularidades. Especialistas han cuestionado que esta revisión se dirigiera únicamente contra el agente estructurador y que se basara en supuestos sin sustento documental. Además, se señala que Acosta Félix invadió facultades exclusivas de la Auditoría Superior de la Federación, violando el artículo 79 de la Constitución al fiscalizar recursos derivados de Participaciones Federales.
Las anomalías detectadas motivaron la intervención de ambas instancias federales, cuyo análisis incluye posibles errores técnicos, omisiones normativas y conclusiones consideradas insostenibles. A pesar de este escenario, el Congreso estatal avanza hacia su reelección, elevando el riesgo político e institucional de sostener a un funcionario que podría enfrentar responsabilidades legales.
En caso de que las investigaciones concluyan en faltas graves, la continuidad de Acosta Félix podría derivar en una destitución, profundizando la crisis de credibilidad en la fiscalización estatal.