La Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó un revés para México al bloquear su demanda contra fabricantes de armas, revocando una decisión previa de la Corte de Apelaciones que había admitido el caso. La Corte Suprema determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga inmunidad a los fabricantes, al considerar que no se probó que las empresas «ayudaran y facilitaran» el tráfico ilícito. Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo argumento de México, el de la «proximidad del daño».
La Cancillería mexicana expresó su «firme desacuerdo» con esta decisión y afirmó que agotará todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el tráfico ilícito de armas. El gobierno mexicano ha sostenido consistentemente que ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas causan al país, y ha reiterado su compromiso de seguir luchando contra este flagelo.
La inmunidad legal otorgada a la industria armamentista estadounidense por la PLCAA representa un obstáculo significativo para la seguridad regional. Esta protección legal choca directamente con los esfuerzos de México para contener el flujo de armas que alimenta la violencia en su territorio. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, criticó la falta de sanciones de EE.UU. a los fabricantes de armas, señalando una inconsistencia: mientras México intensifica su lucha contra el narcotráfico, las leyes estadounidenses protegen la fuente de armamento ilegal. Esta situación genera una percepción de desequilibrio en la responsabilidad compartida para combatir el crimen organizado transnacional.
A pesar de este revés en la Suprema Corte, la lucha legal de México no ha terminado. La decisión no afecta una segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, contra cinco tiendas distribuidoras de armas, la cual «sigue avanzando» y se encuentra en etapa de producción de evidencia. Esta estrategia de litigio múltiple demuestra la determinación de México de buscar justicia por diversas vías.
Además de las acciones legales internas en EE.UU., México ha logrado posicionar este tema a nivel bilateral y multilateral. El país ha llevado el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU, logrando la resolución 2616 en 2021, y actualmente espera una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta búsqueda de precedentes internacionales y la presión diplomática global son parte de una estrategia a largo plazo para responsabilizar a los fabricantes de armas, incluso si las victorias directas en los tribunales estadounidenses son difíciles. El objetivo es crear un marco de presión internacional que eventualmente pueda influir en la política estadounidense o proporcionar nuevas herramientas para futuras negociaciones, transformando una disputa legal bilateral en un asunto de derechos humanos y seguridad internacional más amplio.
«La introducción de armas ilegales no debería permitirse. Debemos seguir en la lucha y no desmayar en este propósito.» — Ricardo Monreal, Coordinador de Morena en San Lázaro