El tipo de amenazas y extorsiones a gran escala contra los productores de limón que dieron origen a la formación de grupos civiles de autodefensa hace una década en el oeste de México han regresado, y los afectados aseguran que no pueden sacar sus cosechas al mercado.
Un productor limonero que solicitó el anonimato por motivos de seguridad dijo el jueves que un cártel narcotraficante local había quintuplicado en un lapso de semanas el monto con el que lo extorsionan.
El gobierno del estado de Michoacán dijo el miércoles que había abierto una investigación penal sobre esas extorsiones. La situación amenaza uno de los principales ingredientes de la cocina mexicana, y es reminiscente de los días más oscuros de la guerra contra las drogas de 2006 a 2012 en el país.
El productor dijo que, en los últimos días, el cártel aumentó el pago exigido de apenas el equivalente a poco más de un centavo a seis centavos de dólar por kilogramo (2,2 libras) de limón. Quizá no parezca mucho, pero la cantidad podría representar una cuarta parte del precio que se paga a los productores.
El martes, Carlos Torres, secretario de gobierno de Michoacán, dijo que el gobierno había dado inicio a una investigación penal formal.
“Vamos a seguir respaldando a los productores para que realicen sus actividades con normalidad. No va a haber impunidad”, afirmó Torres.
Pero la respuesta parece tardía en el mejor de los casos.
En la última semana, en redes sociales han circulado fotos de mensajes distribuidos en la región de Tierra Caliente en Michoacán en los que se dice: “Del pago naiden se salva, pa’ que no busquen padrino”.
“Algunos de ustedes que tiene empaques de limón en Buenavista saben cómo se entrega el pago y qué pasa con los que no pagan”, agrega. Las autoridades han confirmado la existencia de amenazas, pero no la autenticidad de los mensajes.
Las amenazas parecen hacer referencia a lo que ocurrió de 2010 a 2012, cuando los cárteles de La Familia Michoacana y después los Caballeros Templarios incendiaban empacadoras, imponían precios del limón, exigían pagos e incluso indicaban a los productores cuándo podían cosechar sus cultivos.
Ello provocó un levantamiento armado de productores en 2013 y 2014. El movimiento de las autodefensas logró expulsar en gran medida a los viejos cárteles, pero éstos fueron sustituidos por otros.
Para entonces, la mayoría de las autodefensas ya estaban desarmadas o infiltradas por grupos del narcotráfico.
El gobierno intervino después de que las autodefensas fueron desarmadas en 2014 y en los nueve años transcurridos desde entonces, las agresiones contra los productores y empacadores habían disminuido al punto de que algunas nuevas empacadoras fueron construidas para reemplazar a las que fueron incendiadas por los grupos delictivos.
Sin embargo, en los últimos meses parece haber surgido una división entre los Cárteles Unidos, una organización de diversos grupos delictivos que incluye a la violenta organización de Los Viagras, que habían tomado gran parte de la región, y remanentes del antiguo cártel de los Caballeros Templarios.
Esa división al parecer ha hecho que las diversas organizaciones criminales peleen unas contra otras, y con ello aumente su afán de conseguir suficientes ingresos para disputar territorios y combatir las incursiones del Cártel Jalisco.
Para finales de junio, se volvió claro que la guerra entre las organizaciones delictivas había regresado a la región agrícola. El último dirigente limpio de las autodefensas iniciales, Hipólito Mora, fue asesinado a tiros con tres de sus colaboradores en una emboscada tendida por algún grupo narcotraficante.