El gobierno de México inició un procedimiento penal contra el mayor productor de cobre del país por no haber remediado el vertido tóxico procedente de una mina y que contaminó el río Sonora hace nueve años, informó el jueves la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores.
Los cargos, que se presentaron en agosto pero no se había informado de ellos hasta ahora, se centran en la financiación de la remediación, es decir, de las medidas para eliminar o reducir la contaminación de un lugar hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente de los ocho municipios afectados, situados en el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos.
La empresa minera Grupo México alegó que el fideicomiso que habilitó para financiar dichas medidas ya había cumplido sus objetivos y lo cerró en 2017. El gobierno sostiene que fue prematuro.
“Somos contundentes”, dijo Albores. El fondo “no cumplió su objetivo; la gente, el ambiente sigue contaminado y hay gente enferma”.
En agosto de 2014, en lo que el gobierno describió como “el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México”, la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, lo que afectó a miles de personas de ocho municipios del estado.
El derrame, que el ejecutivo afirma que fue “una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas” y no un accidente, tuvo lugar a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Nogales y, según la secretaria, ha dejado hasta hoy niveles preocupantes de contaminación del aire, el agua y el suelo en 250 kilómetros cuadrados, de acuerdo con un informe gubernamental del mes pasado.
El fondo de remediación de Grupo México prometió establecer 36 estaciones de tratamiento de agua, pero sólo se instalaron 10 y sólo se terminaron dos de ellas, dijo Albores. Una, en la localidad de Bacanuchi, funcionó durante dos años y otra, en San Rafael de Ures, sólo durante un mes antes de que ambas se quedaran sin financiación.
Grupo México cerró el fideicomiso y reabsorbió los fondos restantes que no se habían gastado. Desde entonces, la empresa ha hecho caso omiso de las peticiones para establecer nuevos fondos.
La compañía no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por correo electrónico de AP, pero la semana pasada emitió un comunicado en respuesta al estudio del gobierno afirmando que sus esfuerzos de remediación fueron exitosos y legalmente completos.
El estudio del gobierno carece “de cualquier nexo de causalidad con el evento ocurrido en 2014”, dijo Grupo México entonces. “Omiten señalar otras fuentes de contaminación actuales como son la minería ilegal, la descarga de aguas negras sin tratar y la acumulación prolongada de residuos de abonos agrícolas e insecticidas”.
Pero Albores insistió en que la compañía no cumplió con lo establecido. “Quienes deben de resarcir este daño ambiental es la empresa”, indicó. “Y vamos a seguir empujando, vamos a seguir empujando como Estado mexicano y como instituciones a que se cumpla”.
Al conocer la noticia, activistas locales se mostraron cautelosamente optimistas sobre la posibilidad de un cambio. Esperamos “que haya justicia para la gente muy pronto”, dijo Coralia Paulina Souza Pérez, coordinadora de comunicación del grupo local de defensa PODER.
