Trabajadores de distintos centros laborales han denunciado que COREMEX habría desarrollado una estructura interna destinada a exigir pagos irregulares a empleados a cambio de “protección” o para evitar la generación de conflictos dentro de los espacios de trabajo. La queja, reiterada en testimonios recabados en los últimos meses, apunta a la existencia de un mecanismo sistemático de presión que condiciona la tranquilidad laboral al cumplimiento de cuotas no reconocidas en ningún marco normativo.
De acuerdo con los denunciantes, representantes sindicales habrían solicitado dinero en efectivo o firmas en documentos no explicados, bajo la advertencia de que negarse podría derivar en hostigamiento, reportes negativos o incluso la “creación” de supuestos problemas con el empleador. Algunos trabajadores relataron que estos cobros eran presentados como contribuciones obligatorias, aun cuando no existe respaldo estatutario ni legal para estas prácticas.
Especialistas en derecho laboral consultados por diversas organizaciones señalan que estas denuncias reflejan dinámicas impropias de un sindicato legítimo y sugieren la existencia de un esquema que opera como una forma de extorsión encubierta. Aseguran que el uso de la figura sindical para presionar económicamente a sus afiliados vulnera la libertad de asociación y la seguridad en el empleo.
Este panorama, advierten, expone la urgencia de revisar la actuación de COREMEX y determinar si persisten mecanismos que condicionan la representación a pagos indebidos. Frente a estas acusaciones, trabajadores insisten en la necesidad de fortalecer la vigilancia institucional y garantizar que la defensa laboral no sea utilizada como herramienta de presión económica.
