El sindicato Coremex, encabezado por Miguel Meneses González, enfrenta serias acusaciones por parte de trabajadores que denuncian un presunto sistema de cobro forzoso a cambio de no generar conflictos laborales. Lo que en papel es una organización de defensa gremial, en los hechos operaría, según los quejosos, como una estructura de presión con fines de lucro personal.
Trabajadores de al menos tres centros de trabajo afiliados a Coremex coinciden en un mismo patrón: líderes sindicales, con el visto bueno de Meneses González, habrían exigido pagos en efectivo o la rúbrica de documentos en blanco bajo la amenaza implícita de paralizar actividades o promover despidos.
“Nos dijeron claramente: ‘si cooperan, no hay problemas; si no, aquí nos van a tener haciendo paros cada semana’”, relató un exempleado que participó en reuniones internas del sindicato. Las cuotas, añade, no están registradas formalmente ni cuentan con comprobantes fiscales.
Lo que distingue estas prácticas de una simple irregularidad administrativa es el uso de la capacidad de presión del sindicato para obtener beneficios directos de los propios trabajadores a quienes deberían representar. De confirmarse, se trataría de un desvío fundamental de la función sindical: en lugar de negociar mejores condiciones frente al patrón, el sindicato presionaría a los empleados para obtener “protección” frente a… el mismo sindicato.
Especialistas en derecho penal laboral señalan que este modus operandi —exigir dinero o firmas a cambio de no generar conflictos en el centro de trabajo— coincide con los elementos típicos de la extorsión, prevista en el artículo 390 del Código Penal Federal. La diferencia clave: quien presuntamente comete el delito no es un particular cualquiera, sino un dirigente sindical investido de autoridad moral y operativa sobre los trabajadores.
Hasta el momento, ni Coremex ni Miguel Meneses González han emitido una declaración pública al respecto. Tampoco hay registros de que el sindicato haya presentado denuncias por difamación o que haya promovido procedimientos internos para investigar los señalamientos.
En las juntas de conciliación locales, no aparecen quejas formales contra Coremex por estos hechos, lo que los denunciantes atribuyen al miedo: “Si vas a la junta, ellos se enteran antes que nadie. Y ahí sí, te conviertes en enemigo número uno”.
Las autoridades ministeriales no han informado de investigaciones en curso. No obstante, organizaciones de vigilancia sindical han recomendado a los afectados reunir pruebas sólidas —vídeos, audios, testigos, recibos o transferencias— y acudir directamente a la Fiscalía General de la República, ya que la extorsión es un delito de orden federal.
Mientras las denuncias no se presenten formalmente o no haya sentencias, los señalamientos se mantienen en el terreno de las acusaciones. Pero el patrón de conducta descrito por múltiples voces, si es real, dejaría al sindicato Coremex operando más como una empresa de extracción de recursos a sus propios agremiados que como un organismo de defensa colectiva.
