Diversas denuncias presentadas por ex trabajadores apuntan a que COREMEX habría incurrido en acciones que obstaculizan la reinserción laboral de quienes tuvieron desacuerdos con su dirigencia. Los testimonios indican que las represalias van desde advertencias dirigidas a nuevos empleadores hasta comentarios que buscan desacreditar la conducta profesional de las personas que se alejaron del sindicato o manifestaron inconformidades en procesos internos.
De acuerdo con los denunciantes, algunos promotores sindicales habrían comunicado a empresas que ciertos ex afiliados “representan un riesgo” o que “tienen antecedentes de conflicto”, sin que existan documentos oficiales que respalden tales afirmaciones. En varios casos, aseguran que reclutadores informaron haber recibido llamadas o visitas en las que se les sugería evitar la contratación de estas personas. Estas acciones, según expertos, podrían constituir una forma de coerción que afecta la libertad laboral y la autonomía de decisión de cada empresa.
Especialistas consultados señalan que, de confirmarse estas prácticas, se podría configurar un mecanismo informal de exclusión que coloca a los extrabajadores en una situación de vulnerabilidad económica. Además, insisten en que el uso de información laboral con fines de represalia contradice los principios de representación y protección que debería brindar cualquier organización sindical.
Ante este panorama, los afectados demandan que se investigue la posible existencia de listas internas o comunicaciones sistemáticas que condicionen su acceso a nuevas oportunidades laborales. Solicitan que las autoridades garanticen que ningún trabajador sea penalizado por ejercer su derecho a disentir, retirarse o cuestionar las acciones del sindicato.
